Los bolivianos protestan aunque no les parezca “normal”

15-dic-2014

Según los datos de las encuestas regionales LAPOP y Latinobarómetro analizados por los investigadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su libro Ciudadanía política: voz y participación ciudadana en América Latina, el año 2012, el 18% de los bolivianos afirmaron haber participado en una manifestación o protesta pública en los doce últimos meses; un porcentaje mucho más importante que en Perú (13%), Paraguay (12%), Chile (11%), Colombia (9%), Argentina y Uruguay (8%), Ecuador (7%) Brasil (5%) o Venezuela (4%). Pero el año 2009, paradójicamente, casi una mitad de los bolivianos (el 48%) declaraban estar en desacuerdo con que las marchas y protestas son normales en democracia (contra el 20% de los brasileros, 21% de los venezolanos, 31% de los chilenos, 39% de los argentinos y el 42% de los ecuatorianos). Un año antes (2008), los bolivianos tenían también la menor propensión (53%) en considerar que “las marchas, protestas y manifestaciones en la calle son indispensables para que las demandas sean escuchadas” (Chile 60%, Uruguay 64%, Argentina 65%, Venezuela 69%, Perú 72%, Brasil 74%, Colombia 77% y Paraguay 85%).

El coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática en la dirección latinoamericana del PNUD, Gerardo Noto, es uno de los responsables del libro sobre Ciudadanía política: “El caso boliviano es paradigmático por el protagonismo que el conjunto de los movimientos sociales han tenido en el proceso de transformación de Bolivia a partir de su articulación con el MAS, el partido de gobierno durante los últimos años”. Noto considera que las protestas pueden generar cierta contrarreacción en la opinión pública: “cuando uno analiza el caso de Bolivia, observa que, si bien hay un porcentaje importante de la población que ve este tipo de acciones colectivas directas como algo positivo; también hay otro porcentaje significativo que las percibe como algo negativo, porque perturban el espacio público e impactan negativamente a los otros sectores que hacen uso de ese espacio para trasladarse o para otro tipo de actividades”.

 

Los comentaristas que tomaron parte en la presentación del libro Ciudadanía política: voz y participación ciudadana en América Latina en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, también pueden aportar al debate.

El doctor en sociología Fernando Mayorga apoya el enfoque adoptado en la publicación del PNUD: “En general, en los análisis que se hacen de la democracia, estas formas de acción callejera –como son las marchas masivas, las firmas masivas de peticiones o proclamas, los paros, las huelgas de hambre, los boicots, los cierres de carreteras, las sentadas, las tomas de edificios y las huelgas de hambre–, son percibidas de manera negativa, como una especie de síntoma de que algo está mal en la sociedad, como una enfermedad, como si estuvieran poniendo en evidencia los desajustes de la sociedad, como si las instituciones no sirvieran o la gente no tuviera valores cívicos. Y en este trabajo –y en eso yo comparto esa visión-, se analiza ésto como otra de las dimensiones de la participación en democracia y, por lo tanto, lejos de debilitar a la democracia, la fortalecen. Entonces el estudio se sale de esta falsa dicotomía entre formal e informal, percibida como positiva o negativa, y en esa medida incorpora el análisis de la acción colectiva directa como forma de participación política y, por tanto, de ciudadanía política, que me parece muy interesante”.

La Viceministra de Autonomías Departamentales y Municipales, Gisela López, considera también “que estas formas de manifestaciones de la sociedad son parte de la democracia boliviana, ya que permiten una interacción con los liderazgos políticos para resolver los problemas sociales pendientes, que son los que motivan precisamente estas movilizaciones”.

El sociólogo y Exministro de Educación, Félix Patzi, indica que “las protestas se hacen necesarias porque el representante del pueblo está alejado y, por lo tanto, no expresa el sentimiento, ni la demanda, ni la necesidad de su pueblo, entonces, frente a esa situación de autonomización de su representante, la gente reclama”. Pero Patzi apela a considerar una realidad alternativa, que vuelve las protestas transitorias. “Desde la perspectiva de la democracia comunitaria, la situación es totalmente distinta; el representante ya no se autonomiza, sino que se convierte en portavoz u operador de la decisión del pueblo, tomada en una deliberación colectiva y esa es la que manda. Por lo tanto, las acciones colectivas van desapareciendo automáticamente porque ya no hay necesidad ni a quien reclamar”.

El Exprefecto de Santa Cruz y ex Secretario Nacional de Participación Popular, Carlos Hugo Molina, cree que “la protesta es absolutamente legítima, no está en discusión. El tema es el grado de virulencia de las protestas, que tiene como consecuencia acciones que van en contra de los intereses de las mismas personas que las están desarrollando. Un país que intenta promover en el mundo sus calidades turísticas, que invierte recursos para invitar al mundo y que no logra mantener las vías expeditas (por los bloqueos) entra en un contrasentido. Y no estoy diciendo que la protesta no sea legítima y no sea justa. Estoy diciendo que debemos encontrar las formas, a través de instrumentos de cohesión social, que nos permitan ponernos de acuerdo para poder llevar adelante nuestras protestas colectivas. Hay formas de protesta que por sus naturalezas son absolutamente repudiadas. Yo no tengo la necesidad de coserme los labios para protestar por una acción incorrecta del poder, o enterrarme, o tapiarme, o crucificarme, o utilizar la violencia que forma parte de nuestra vida cotidiana, como el uso del azote en ámbitos rurales o urbanos. Cuando estamos frente a una situación de esa naturaleza es donde

tenemos que apelar a los principios básicos, elementales de derechos humanos, de respeto a la diferencia, de respeto a la diversidad para decir esto: la fuerza no puede ser un instrumento que destruya al adversario, que me autoflagele, que me autolimite. Y mi forma de manifestación pública en contra del poder, en contra de las autoridades, pues, debería estar en relación y en consecuencia a lo que yo estoy tratando de buscar; y no de infringirme más daño que me limita, que me impide por el contrario poder desarrollar mis actividades de manera normal”.

Finalmente, la socióloga cochabambina Alejandra Ramírez recuerda que “nuestro gobierno, Evo Morales y todo el grupo que está en el parlamento, han sido protagonistas de movimientos sociales y ha llegado un momento en que esta acción colectiva se vuelve absolutamente mecanística e institucional en pro al sistema. Ahora es muy difícil decir: esta es la frontera entre el gobierno y el sector social, puesto que tenemos al dirigente máximo de los cocaleros como presidente, tenemos al dirigente máximo de los mineros como asambleísta, y así sucesivamente. Hay una interpenetración muy, muy grande. Entonces, ya no tenemos movimientos sociales, tenemos más bien sectores sociales que constantemente andan respaldando las medidas gubernamentales. Ya no hacen control social”. La socióloga Ramírez critica la falta de democracia interna en los movimientos sociales: “Somos una sociedad absolutamente autoritaria y controladora. Los que tienen más poder y que desarrollan más su voz en la asamblea van a definir: ‘vamos a votar por éste y si no, vamos a castigar a los que no lo hagan’. Igual, cuando se decide hacer una marcha o un bloqueo puede ser que no estés de acuerdo y, entonces, te van a castigar si no asumes esa acción. Al final ya no es una acción espontánea, sino una acción absolutamente formalizada con castigos, con

 

represiones, con todo. Y si tú no contemplas esa parte de la ciudadanía y del proceso democrático, para analizar la democracia, puedes decir; ¡ah, es una maravilla lo que está pasando aquí! Pero no has visto esta otra parte de las interrelaciones que se dan y que marcan los procesos ciudadanos”.

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