El impacto de la pandemia en los sistemas democráticos de América Latina evidenció y agudizó los problemas de gobernabilidad democrática que se venían dando: (i) acentuó la autoridad del presidencialismo para mitigar la emergencia sanitaria, en algunos casos, limitando derechos, (ii) modificó la interacción individual y colectiva con la autoridad de gobierno y mecanismos de represión, (iii) evidenció déficits de gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, expresados en débil coordinación, actos de corrupción y desconexión de las políticas respecto al necesario contenido científico – tecnológico, y (iv) mostró limitaciones en la solidaridad entre estados en contradicción a las actitudes mostradas al interior de sus sociedades, en definitiva, incrementó la insatisfacción con la democracia al desnudar la vulnerabilidad de las instituciones democráticas para adaptarse a contextos de alta incertidumbre y riesgo e incluso responder a ellos priorizando agendas de grupos específicos en detrimento de los intereses poblaciones vulnerables.

La pandemia del COVID-19 ha sido una prueba de fuego para la institucionalidad y las políticas públicas en general y de forma particular, sobre todo para aquellas dedicadas a la construcción de sistemas sanitarios capaces de dar respuestas a las características de los perfiles epidemiológicos emergentes, o las formuladas para instalar mecanismos de protección social. El resultado fue evidenciar la existencia de una institucionalidad no preparada ni apta para direccionar y/o gestionar contingencias o situaciones de emergencia como la pandemia, respuestas rápidas, decisiones de política pública eficientes y eficaces y generadoras de confianza respecto su relevancia y pertinencia para responder a los impactos del COVID-19.    

¿Estados más fuertes, mejores respuestas?

El Estado se hizo más necesario frente a la incertidumbre de la crisis sanitaria, sin embrago, en muchos países termino por imponer su rostro más autoritario y en otros su lado democrático y cooperativo, “Más Estado o Menos Estado”, pareció resurgir como contenido de debate cuando lo que la ciudadanía busca, es un Estado que responda, nada más excepcional que ello. Medidas redistributivas con limitaciones de acceso para poblaciones vulnerables, restricción de derechos, aumento del control y uso de la fuerza represiva y haber tomado ventaja del escenario de emergencia para justificar prebendas en favor de grupos específicos de poder social o económico, fue en muchos casos la forma en la que fue percibida las respuestas de los gobiernos a los efectos de la pandemia y, por tanto, elementos constitutivos de la “nueva” normalidad bajo protagonismo del Estado, escenario nada alentador para materializar la expectativa de este “nuevo normal”.

No se requiere un estado omnipresente y controlador para encarar los desafíos de la “nueva” normalidad, sino más bien uno que incentive la participación y se abra a las iniciativas ciudadanas, más subsidiario y concurrente en acciones para resolver la pobreza, con presencia estratégica en áreas clave de la economía y brindando servicios sociales de calidad, pero, sobre todo, con sistemas de información ágiles y suficientes para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

No obstante, aún no se termina de dibujar toda la fisonomía de la pandemia y sus efectos, por lo que no es posible aún concluir cuál será el real alcance de los desafíos para los Estados y la configuración de sus gobiernos de cara a los cambios de este “nuevo normal” demandarán a los modelos de gobernanza y gobernabilidad brindar soluciones a las afectaciones económicas, y el diseño de las nuevas agendas que relevarán la importancia de los mecanismos de protección social o el diseño de políticas económicas para evitar procesos de empobrecimiento, de profundización de la desigualdad o de amplificación de los riegos de vulnerabilidad, son algunos de los contenidos en torno los cuales deberá configurarse la nueva estatalidad; si ello significa hacer a los Estados y sus gobiernos más fuertes, será una consecuencia de tales formulaciones.

Nuevas respuestas, nuevo Estado

Es fundamental pensar líneas prospectivas de trabajo para la agenda de políticas de Estado en el sentido descrito, no obstante, ello puede desviar la reflexión de las acciones que de manera inmediata deben implementarse, sobre todo como contenidos sustantivos de los acuerdos de gobernabilidad que asistirán la resultante del proceso electoral de 2020, es en ese propósito, de proponer acciones concretar y hacer operativo el análisis precedente, a continuación se delinea una agenda de prioridades de corto y mediano plazos, identificados sobre todo para el fortalecimiento de la gobernanza necesarios para el nuevo ciclo político en Bolivia:

1. Innovaciones para la reactivación económica de base territorial y potenciamiento de unidades económicas con enfoque de desarrollo sostenible y bioeconomía, y priorizando el involucramiento de juventudes y brindando garantías para el ejercicio efectivo de derechos.

La elevada dependencia de las dinámicas económicas territoriales respecto las decisiones del nivel central, en escenarios como el de cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19, terminan de mostrar lo urgente que es identificar vocaciones económicas territoriales sobre todo sustentadas en ventajas competitivas propias y que incentiven a los actores territoriales a innovar en sus procesos productivos, de comercialización y posicionamiento en mercados incorporando transformaciones tecnológicas. Lo siguiente, será acompañar al diseño y la formulación de estrategias de implementación de emprendimientos innovativos emblemáticos.

2. Diseños institucionales - competenciales y de políticas públicas funcionales al cierre de brechas de desigualdad, de participación ciudadana y de atención efectiva de la demanda social.

Es fundamental identificar las brechas más representativas de la situación de desigualdad, déficits en la participación ciudadana y demanda social no atendida generadora de conflictividad o con potencial de conflictividad socio – política, en ciudades capitales y ciudades intermedias seleccionadas a partir de los análisis desarrollados en 2020 por PNUD como las encuestas a empresas, hogares y evaluaciones de los impactos del COVID-19.

3. Diálogo intercultural y fortalecimiento institucional para la prevención y transformación de la conflictividad para el fortalecimiento de la cohesión social y la reconciliación nacional.

Es necesario instalar o fortalecer capacidades institucionales, según corresponda, a nivel territorial y en entidades del nivel nacional, seleccionadas, orientadas en el análisis permanente de la agenda social, política, territorial y sectorial para prevenir la conflictividad y en su defecto implementar estrategias de transformación de los conflictos. En ese componente se debe trabajar con especial énfasis el rol de la mujer en la transformación de conflictos.