Ilustración de Lucia A. Paz

El COVID-19 ha generado una disrupción en los sistemas de salud, así como en las normas de convivencia en todos los confines del mundo. La expansión de la pandemia tiene como núcleo una crisis de salud, y ha traído aparejadas ramificaciones con impactos negativos en el ámbito económico, político y sobre todo social.

Esta situación de crisis avanza a pasos agigantados y llama a los gobiernos a tomar medidas extremas con el objeto de preservar el bienestar colectivo de la sociedad. Si bien algunas medidas tienen el objetivo de aplacar el avance y contagio del virus, es importante analizar las medidas complementarias por el impacto directo que tienen sobre diferentes grupos en la población. Estas medidas pueden en algunos casos exponer o profundizar desigualdades estructurales en nuevas dimensiones.

En este contexto, países como Bolivia enfrentan no sólo las deficiencias del aparato de salud en cuanto a mecanismos de control, capacidad y equipamiento para afrontar la pandemia, sino también la capacidad de generar cohesión social. A partir de un llamado a la unidad, a la lucha colectiva contra el virus y a la necesidad de realizar mayores sacrificios, el Gobierno ha adoptado progresivamente medidas para diferentes sectores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por focalizar estas medidas, muchas de ellas no cumplen este objetivo, principalmente por falta de información. Ello ha generado respuestas insuficientes y a destiempo que inciden sobre la condición de vulnerabilidad de diferentes grupos poblaciones, entre ellos, las personas LGBTIQ.   

Si bien la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en la orientación sexual o la identidad de género, la discriminación contra la comunidad LGBTIQ basada en estructuras machistas y patriarcales, así como prejuicios homofóbicos y de transfobia, persisten. De acuerdo con la EN (2010)[1], 7 de cada 10 miembros de la comunidad LGBTBIQ  han sufrido algún tipo de agresión[2]. En Bolivia, las personas LGBTIQ aún enfrentan intolerancia que amenaza no solo su bienestar sino también su dignidad.

A lo largo del territorio, las barreras visibles e invisibles ante el acceso a servicios básicos aún permanecen. En muchos casos se niega el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ en espacios como la educación, la salud, el empleo y la vivienda, entre otros. De acuerdo con la EN (2010), en el ámbito laboral, a 4 de cada 10 personas se le negó el acceso a una fuente de trabajo. En el ámbito educativo, 5 de cada 10 fueron discriminados por el personal de enseñanza. En un contexto en el cual persisten comportamientos que promueven la exclusión debido a la orientación sexual e identidad de género, la pandemia puede ser un acelerador negativo.

¿Cómo focalizar medidas en el marco de una pandemia destinadas a la comunidad LGTBIQ? El PNUD, junto con el Banco Mundial, ha diseñado un Índice de Inclusión LGBTIQ para medir el bienestar de las personas LGBTIQ a partir de 5 dimensiones[3]. Cada dimensión cuenta con una batería de indicadores que tiene por finalidad medir el grado de inclusión de las personas de la comunidad LGBTIQ. Este índice es una herramienta fundamental en la toma de decisiones sobre políticas y programas que fortalezcan la inclusión y los derechos LGBTIQ.

Ante un escenario de recursos muy limitados que deben hacer frente a una multiplicidad de impactos, es necesario implementar una gestión focalizada en contraposición a una de carácter universal. La elaboración de índices específicos tendrá un importante efecto: aumentar la demanda de información de alta calidad acerca de las poblaciones vulnerables. La pandemia ha visibilizado no sólo las tareas pendientes en materia de desarrollo sino la falta de respuesta centrada en los grupos más vulnerables. El contexto permite visibilizar estas deficiencias y exhorta a las instituciones responsables de la formulación de políticas, a proponer medidas que atiendan a las personas en su diversidad.

Una agenda de desarrollo post COVID-19, debe no solo estar orientada a mitigar o superar los impactos de la crisis, sino también a crear instrumentos, de medición y de política pública, que hagan sociedades más resilientes. La crisis nos ha enseñado que ningún sistema de salud es suficiente, las medidas universales no son efectivas, la consciencia que tenemos sobre el otro es muy baja y nuestra intolerancia es elevada. Aún nos falta bastante. Vivimos una situación sin precedentes, pero, al mismo tiempo, nos genera también oportunidades sin precedentes.

En el mes del orgullo LGBTIQ, el PNUD Bolivia reafirma su compromiso en acompañar con esfuerzos de medición la generación de evidencia para brindar respuestas oportunas y focalizadas para grupos vulnerables. A partir de la Agenda 2030 y la consigna de no dejar a nadie atrás, desde el PNUD Bolivia se promueve el trabajo con los gobiernos y socios para apoyar los esfuerzos para fortalecer las políticas y programas que respeten los derechos humanos. No podemos continuar excluyendo de la medición de indicadores a un grupo ya excluido, ni establecer decisiones de política con información de hace una década. Es el momento para generar, o en algunos casos reparar, mecanismos inclusivos, eficientes y resilientes de respuesta para las poblaciones más vulnerables.

 

 

 

[1] Situación de las poblaciones TLGB en Bolivia: Encuesta Nacional 2010. Conexión Fondo de Emancipación (2011).

 

 

[2] Incluye agresión física, sexual y psicológica.

 

 

[3] A partir de un proceso de realización participativo, el índice de inclusión incluye las siguientes dimensiones: participación política y cívica; educación; salud; seguridad personal y violencia; bienestar económico.  Disponible en https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html

 

 

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